08/02/2010 | Sería competencia de la Justicia chaqueña
Denuncian ante fiscal federal abandono alimentario de una nena



Ana Luisa Albornoz tiene 32 años y una hija con patologías de nacimiento que de sólo enumerarlas permiten hacerse un cuadro de su estado de salud. Firmado por la Dra. Beatriz Duarte de Bistolfi, del área de Neurología Infantil del Hospital Pediátrico de Resistencia, el certificado médico determina que la nena tuvo bajo peso al nacer, desnutrición post natal y acidosis metabólica grave descompensada de tipo convulsivo. La acidosis, que puede tener distintas causas, ocurre cuando el cuerpo produce demasiado ácido o cuando los riñones no alcanzan a eliminarlo; cuando es severa puede causar estados convulsivos y la muerte.

También padece un daño cerebral irreversible, asociado a una atrofia cortical y a una cuadriplegía espástica, es decir, un conjunto de limitaciones motrices severas causadas por daños neurológicos que pudieron producirse durante la gestación y requieren un tratamiento especializado. Además sufre gastroenteritis con un consecuente cuadro de anemia y desnutrición, tiene neumonía y otitis. La incapacidad física y mental de la paciente es del 95%.



El tratamiento para su hija, según consigna el certificado médico oficial de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales de Desarrollo Social de la Nación, “no puede ser realizado en el área de residencia”.

Con una pensión nacional por invalidez de $ 500 y una tarjeta alimentaria de $ 60, Ana Luisa empezó su periplo de reclamos en el ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia. Si bien la ayuda le habría sido negada, persistió en los pedidos.

En la denuncia presentada ante el fiscal federal, declara que durante 2009 se presentó en su domicilio “el coordinador de la Unidad Provincial de Seguimiento Nutricional”. El profesional le habría dicho que “no es obligación de ellos pasarme mercaderías” y que, en definitiva, con la tarjeta alimentaria de $ 60 “tenía que comprarle toda la dieta” a su hija. Aunque recién fue notificada en febrero de este año, desde octubre de 2009 también había sido dada de baja de la lista de beneficiarios de la tarjeta alimentaria.

Más tarde, ante la insistencia en sus demandas le habrían advertido que “antes de hacer una denuncia tenía que dirigirme a ellos porque de lo contrario me sacarían mi hija”. En octubre había llevado su caso ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, “sin obtener ningún tipo de resultados”.

Pero la presentación de la denunciante, que hace responsable al Estado de la Provincia del Chaco “por el abandono alimentario de mi hija”, no pudo prosperar en la Fiscalía Federal de Primera Instancia, ya que según entiende el Fiscal Federal Subrogante, Gustavo Corregido, la causa no es materia en la que el fuero federal tenga competencia.

Sin embargo, “dada la gravedad de la denuncia planteada” y “estando en riesgo la salud de una menor de edad discapacitada”, Corregido remitió la denuncia a la cartera social provincial manifestando la urgencia del caso.